Diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar a la Moneda una carta; para exigir se tomen las medidas necesarias para frenar la muerte de ciclistas en las calles.
Bajo la consigna #No+CiclistasMuertos, la misiva se entregó al ministro del interior y seguridad pública, Rodrigo Delgado; y apunta a que desde Gobierno realicen acciones concretas e inmediatas sobre esta situación; que este año ha costado la vida a más de 80 ciclistas.
Entre sus firmantes tiene a organizaciones como Fundación Conciencia Vial; Red Ciudad Futura; Mujeres en Movimiento WIM; No Chat; Osev; Educleta; Corporación Colectivo Muévete; Movimiento Furiosos Ciclistas; Bicicultura; entre otros.
#No+CiclistasMuertos
Solo hasta septiembre pasado eran 85 los y las ciclistas fallecidas trágicamente en las calles de nuestras ciudades. La cifra impacta, en especial, considerando que a esa fecha, ya igualaba todos los decesos de personas que utilizan este medio sustentable de desplazamiento, ocurridos durante el año 2019.
Cada semana nos encontramos con nuevas tragedias y el ritmo de siniestros fatales no se detiene. Cada muerte es un dolor para nuestra sociedad, pero en especial para el grupo directo afectado en lo más profundo con la pérdida de familiares, amigas y amigos. Pero esto, además, ocurre en un momento histórico en el que el flujo de vehículos motorizados se redujo en extremo durante seis meses producto de la pandemia de Covid19.
¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos a que en pleno confinamiento, con menos desplazamientos, aumentáramos en cerca de un 30% de muertes de ciclistas?.
Dentro de las principales causas de las irreparables pérdidas de vidas está el aumento de velocidad de los vehículos motorizados, la imprudencia al conducir y la disminución de la fiscalización, sumado a la falta de compromiso, por parte del Estado en construir infraestructura segura (Ciclovías de alto estándar). Resulta paradojal que ante el importante aumento de ciclistas de las últimas décadas y en especial ante el escenario de aumento de la mortalidad, aún no existan políticas públicas para promover y proteger a las y los ciclistas, reconociéndolos como actores relevantes en el territorio.
La ley de convivencia vial aprobada a inicios del año 2018 fue como pocas en nuestro país, construida con la activa participación de organizaciones de la sociedad civil y apoyo de la academia, al igual que la rebaja de velocidad en zona urbana que pese a estar contenida en ella, fue aprobada meses más tarde. Pero no basta con formalizar una determinada Política Pública, se requiere una adecuada implementación y seguimiento.
Los siguientes pasos eran consolidar una sólida red de infraestructura de ciclovías, educación vial, seguridad, respeto y empatía en las vías públicas, así como planificación con enfoque de género. Estás últimas acciones han estado en deuda, por lo que su falta de implementación ha redundado en un problema de seguridad pública.
Tuvimos la oportunidad única de generar un cambio de paradigma por la movilidad sustentable. Dado que esto no ha ocurrido, creemos que este grave conflicto debe ser evaluado desde una mirada multisectorial. Enfrentamos un problema de seguridad, por lo que hacemos un llamado urgente para la intervención del nuevo Ministro del Interior pueda priorizar el tema en la agenda de gobierno.
Le pedimos establecer una inmediata coordinación con Carabineros de Chile, las autoridades sectoriales, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y las autoridades regionales y locales para fiscalizar la velocidad máxima y las normas contenidas en la ley de tránsito, respecto de los vehículos particulares y reforzar, especialmente, en el caso del trasporte público, las capacitaciones en convivencia vial y seguridad.
Adicionalmente, es necesario exigir fondos para mejorar intersecciones y ejes de riesgo que se encuentran identificados, implementar zonas urbanas con velocidad de 30 Km/hr e intervenir cruces semaforizados y dar cumplimiento a la ley de convivencia y acelerar hoy la construcción de ciclovías de alto estándar que sean permanentes y continuas, cumpliendo siempre con los estándares de seguridad, e incluir la habilitación de estacionamientos gratuitos y otras medidas de fomento e incentivo en el uso de la bicicleta.
Además teniendo presente que en nuestro país mueren 12 personas por cada 100 mil habitantes al año por siniestros de tránsito, es necesario dar urgencia al proyecto del Centro Automatizado de Control de Infracciones de Tránsito – CATI, y no esperar dos años más para su funcionamiento. Según la experiencia en países europeos, la implementación de este tipo de herramientas de control permite reducir entre un 5 y un 69% las colisiones entre vehículos y entre un 17 y 71% el número de muertos.
Hoy el llamado central y urgente es a adoptar las medidas de seguridad y control de tránsito necesarias, para no seguir lamentando el fallecimiento de más ciclistas, pues si de verdad queremos cambiar el paradigma de la movilidad mejorando la calidad de vida en nuestras ciudades, no puede ser a costa de sus vidas.
